Por Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.
Las cosas en el país no están bien. La crisis sanitaria, social y de derechos humanos no da tregua, por lo que resulta frustrante que en cada una de las columnas que redacto en nombre de Amnistía Internacional, tenga que repetir problemas que persisten y que no parecen cambiar con nada; pero es necesario seguir haciéndolo hasta que quienes tengan que escuchar, escuchen.
Por una parte, estamos enfrentando uno de los peores momentos en materia de contagios por Covid-19 desde el inicio de la pandemia y la mayor parte de Chile se encuentra en cuarentena. Las UCI vuelven a estar llenísimas, el personal de la salud colapsado y la situación vuelve a ser crítica. ¿Cuánto se pudo haber hecho mejor para haber evitado llegar a este escenario que era predecible?
Indudablemente el proceso de vacunación está avanzando en términos generales muy positivamente, tal como ha sido destacado incluso a nivel internacional; sin embargo, que el gobierno mantenga un discurso exitista destacando el avance de la vacunación, puede estar dando una sensación de falsa seguridad que no contribuye a reducir la circulación del virus. Es más preocupante aún cuando la presidenta del Colegio Médico ha dado a entender que el gobierno no está escuchando ni siquiera al consejo de la Mesa Social Covid-19 (que el propio Gobierno convocó) y que el Ministerio de Salud esté dando instrucciones a directores de hospitales que parecen dirigidas a evitar que circulen denuncias acerca de lo que está pasando en terreno.
El gobierno debe actuar con cautela y escuchar como corresponde al consejo de expertos y a la sociedad civil en todos los aspectos del manejo de la pandemia, incluyendo la vacunación.
Por otra parte, vemos que la crisis social y de derechos humanos lamentablemente sigue azotando a la ciudadanía. Las denuncias de violencia policial no se detienen y con frecuencia son gravísimas. En los últimos días vimos cómo una observadora del Instituto Nacional de Derechos Humanos fue agredida directamente con gas pimienta, solo por realizar su labor de observación. Esto se suma a denuncias de periodistas que han sido detenidos/as mientras realizaban sus labores y recibiendo malos tratos en detención que podrían constituir tortura y, por si fuera poco, el uso indiscriminado de gas pimienta en una feria libre de Bajos de Mena, en Puente Alto, afectando a varias personas, incluyendo a un bebé que quedó con varias quemaduras.
Si a lo anterior sumamos, además, la actuación policial en el entorno de Plaza Dignidad, con un copamiento involucrando a cientos de carabineros y un muro en la plaza, se están dando señales claras de que la ocupación del espacio público y la protesta pacífica en contra del gobierno están siendo casi imposibles. La existencia de algunos hechos aislados de violencia no puede ser razón para impedir que la gente se reúna y se manifieste. Las razones sanitarias pueden justificar la disminución temporal de la circulación, pero si está permitida la circulación, también lo está reunirse en espacios públicos. Y en cualquier caso, el incumplimiento de normas sanitarias no puede usarse como excusa para reprimir a las personas con violencia.
El impune actuar de carabineros, sumado a todo lo mencionado, está limitando groseramente el derecho a la protesta pacífica en Chile. Esto es algo que no puede ni debe perpetuarse, pues viola los derechos humanos de todas las personas por igual.