Trinidad y Tobago: Autoridades deben dejar de deportar a personas refugiadas y solicitantes de asilo

En respuesta a la deportación de 98 personas venezolanas por parte de las autoridades de Trinidad y Tobago, ocurrida en el último fin de semana, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo:

© Sergio Ortiz/Amnesty International

© Sergio Ortiz/Amnesty International

“Las recientes medidas adoptadas por las autoridades de Trinidad y Tobago son sumamente alarmantes. La crisis de derechos humanos y emergencia humanitaria compleja en Venezuela son de tal magnitud que el 25% de la población nacional tuvo que huir del país en los últimos años, y es una cifra que continúa aumentando. El derecho internacional no deja ningún margen a dudas: las personas refugiadas y solicitantes de asilo en todo el mundo no pueden ser devueltas a donde su vida e integridad corran peligro. Nadie puede ser sujeto a expulsiones masivas.”

“Ahora más que nunca, los Estados de las Américas deben garantizar los derechos de las personas solicitantes de asilo y refugiadas, incluidas aquellas procedentes de Venezuela que necesitan con urgencia protección internacional. Además, los gobiernos de la región deben intensificar sus esfuerzos para brindar asistencia y apoyo a los Estados que acogen a personas refugiadas y migrantes en medio de crisis humanitarias.”

Todas las personas forzadas a huir de la situación de violaciones masivas de derechos humanos en Venezuela requieren una respuesta enmarcada en una perspectiva de derechos humanos, con estricto apego al principio de no devolución, sin importar su estatus migratorio. Encima, según información recibida por Amnistía Internacional, entre los individuos deportados, se encontraban personas con estatus de solicitantes de asilo y de refugiadas.

Amnistía Internacional ya había advertido sobre la situación de vulnerabilidad de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en Trinidad y Tobago, luego de una decisión del 4 de julio de la Corte Suprema de Justicia que rechazó la aplicación del principio de no devolución en el país. La sentencia contraviene las obligaciones establecidas en el derecho internacional de los refugiados y de los derechos humanos, incluyendo la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que cuenta con la firma del país.

Amnistía Internacional hace un urgente llamado a las autoridades de Trinidad y Tobago, exhortándolas a respetar sus compromisos legales y el derecho internacional de los derechos humanos, incluso el principio absoluto de no-devolución de las personas a donde su derecho a la vida y a ser libre de todo acto de tortura u otro trato o pena cruel, inhumano o degradante estén en peligro. Es imperativo que se detenga de inmediato la deportación de aquellas personas que enfrentan riesgos de persecución y violaciones de derechos humanos en sus lugares de origen.