La imposición el 19 de abril de duras penas de entre 13 y 66 años de prisión a 40 personas —entre ellas destacadas figuras de la oposición política, profesionales de la abogacía, y defensores y defensoras de los derechos humanos— declaradas culpables de cargos falsos por el Juzgado de Primera Instancia de Túnez es una señal alarmante de todo lo que las autoridades están dispuestas a hacer para sofocar la disidencia pacífica en el país.
“La sentencia es una parodia de justicia e ilustra el total desprecio de las autoridades por las obligaciones de Túnez en materia de derechos humanos y por el Estado de derecho”, declaró Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional:
“Estas personas han sido declaradas culpables sólo por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos. Su juicio, plagado de irregularidades procesales y de un desprecio manifiesto hacia los derechos mínimos a la defensa, se basó en cargos sin fundamento”.
En lugar de silenciar las voces críticas con enjuiciamientos de motivación política, las autoridades deberían poner en libertad inmediata e incondicional a todas las personas detenidas sólo por ejercer pacíficamente sus derechos humanos. Las autoridades de Túnez deben anular de inmediato las injustas sentencias condenatorias y penas.
“Nadie debe recibir castigo por ejercer pacíficamente sus derechos humanos”.
Entre las 40 personas afectadas en este juicio, 6 políticos y activistas de la oposición —Jaouhar Ben Mbarek, Khayyam Turki, Issam Chebbi, Ghazi Chaouachi, Ridha Belhaj y Abdelhamid Jelassi— están detenidos arbitrariamente desde que comenzó la investigación, en febrero de 2023.
También han sido condenadas las demás personas enjuiciadas, varias de las cuales estaban detenidas en relación con otras causas de motivación política, como los destacados miembros de la oposición Noureddine Bhiri, Sahbi Atig y Said Ferjani, del antiguo partido gobernante Ennahda (Partido del Renacimiento). Otras, como Riadh Chaibi y Ahmed Nejib Chebbi, siguen en libertad, aunque fueron declaradas culpables in absentia. La causa también afecta a los destacados defensores de los derechos humanos Kamel Jendoubi y Ayachi Hammami y a la defensora de los derechos humanos Bochra Bel Haj Hmida, así como a empresarios y accionistas de medios de comunicación privados.
“El deterioro de la independencia judicial en Túnez es muy preocupante y el abuso creciente por el poder ejecutivo del sistema de justicia y su injerencia en la administración de justicia socavan de forma crítica el derecho a un juicio justo de las personas procesadas y el Estado de derecho”, declaró Erika Guevara Rosas.
“Es crucial que las autoridades tunecinas cumplan sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, incluidos los relativos a la libertad de expresión y de asociación. Deben dejar de atacar a la oposición política, a quienes defienden los derechos humanos y a las voces críticas”.
Las duras condenas impuestas al amanecer del 19 de abril oscilan entre los 13 y los 66 años de prisión, según el primer fiscal adjunto de la unidad judicial de lucha contra el terrorismo.
La primera vista del juicio se celebró el 4 de marzo de 2025 sin la presencia de las personas detenidas. La vista se reanudó el 11 de abril, y después, el 18 de abril. Todo el procedimiento ha estado empañado por irregularidades procesales y la ausencia de garantías. El Colegio de Abogados había recibido del Juzgado la notificación de que los juicios antiterroristas de marzo y abril se celebrarían con la asistencia telemática de los detenidos desde prisión, citando vagamente la existencia de un “peligro real”. La decisión fue impugnada por los afectados y su equipo de defensa, que alegó su derecho a estar presentes ante el Juzgado. Los detenidos declararon su negativa a participar en el juicio a distancia e insistieron en estar físicamente presentes.
El 30 de marzo de 2025, Jaouhar Ben Mbarek inició una huelga de hambre para protestar por las vistas online del juicio. El 8 de abril de 2025, los cinco detenidos restantes también anunciaron una huelga de hambre por razones similares. Said Ferjani, alto cargo de Ennahda condenado a 13 años de cárcel en febrero de 2025 en otra causa, inició asimismo una huelga de hambre el 10 de abril para protestar contra el “tratamiento judicial sesgado y no neutral” de su caso.
Durante la vista inicial, el Juzgado declaró erróneamente que los detenidos se habían negado a participar en el juicio, omitiendo mencionar su exigencia de ser llevados físicamente ante el tribunal. Los abogados presentes rebatieron esta afirmación, aclarando que sus clientes sólo se habían negado a participar telemáticamente. El Juzgado ignoró tanto las peticiones de aplazar el juicio hasta que los detenidos pudieran estar físicamente presentes como los argumentos que alegaban la arbitrariedad de su reclusión prolongada —que excede el límite legal de 14 meses previsto en la legislación tunecina— y suspendió la sesión; posteriormente anunció, sin abordar estas cuestiones, que el juicio se reanudaría el 11 de abril.
Durante la vista judicial del 11 de abril, se impidió el acceso a la sala de profesionales del periodismo de medios de comunicación tunecinos y extranjeros. El Sindicato Nacional de Periodistas de Túnez (SNJT) denunció la actuación de las autoridades. También se prohibió la entrada en la sala del juicio a observadores y observadoras de grupos de la sociedad civil como Amnistía Internacional en Túnez.
La investigación contra los detenidos se basa en pruebas cuestionables, como mensajes telefónicos sobre reuniones con miembros del cuerpo diplomático y otras personas de nacionalidad extranjera, así como en comunicaciones internas sobre la posibilidad de oponerse pacíficamente a lo que calificaban de “golpe” del presidente Saied.
Información complementaria
Entre el 11 y el 25 de febrero de 2023, la brigada policial “antiterrorista” detuvo a los seis políticos y activistas de la oposición citados, basándose en cargos falsos previstos en el Código Penal tunecino y la Ley “antiterrorista” 2015-26 como “conspiración contra la seguridad del Estado” e intento de “cambiar la naturaleza del Estado”, cargos que pueden conllevar la pena de muerte. Otras dos destacadas figuras de la oposición, Lazhar Akremi y Chaima Issa, fueron también detenidas en febrero de 2023, pero fueron puestas en libertad bajo fianza con condiciones restrictivas en julio del mismo año, tras seis meses de detención arbitraria.