En el contexto de la pandemia, como Amnistía Internacional seguimos en un rol de constante vigilancia acerca de la situación de derechos humanos en el país. En esta editorial, destacaremos semanalmente algunos temas de preocupación o avances importantes que vemos en esta labor de monitoreo.
Por Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional – Chile.
El actuar policial sigue siendo motivo de preocupación. Hemos estado dando seguimiento a denuncias en redes sociales y prensa respecto del actuar de carabineros frente a una marcha por una infancia mapuche libre de violencia en Temuco. En este contexto, la madre de Camilo Catrillanca habría recibido gas pimienta en su rostro, cegándola temporalmente. Hubo diversos detenidos, dos de ellos menores de edad, uno de los cuales es el mismo que la semana pasada recibió una golpiza por parte de carabineros en el contexto de un allanamiento en Collipulli, hecho por el cual la Defensoría de la Niñez presentó una querella. Otro de los detenidos fue Brandon Hernández Huentecol, quien en 2016 – cuando tenía 17 años- recibió más de 180 perdigones en su espalda disparados por un carabinero.
Las comunidades articuladas en la Asociación de Comunidades Lafkenche en Quellón, así como organizaciones medioambientales, manifestaron su preocupación ante la puesta a la venta de Isla Guafo, espacio de interés cultural, de biodiversidad y para la pesca artesanal de las comunidades locales. Nos preocupa nuevamente que se dejen de lado tratados internacionales ratificados por Chile, como el Convenio 169 de la OIT, y que se omitan procesos de consulta relevantes para comunidades. Esto demuestra, también, la gravedad de que el gobierno haya decidido definitivamente no firmar el Acuerdo de Escazú, que permite el acceso a la información, la participación y la justicia para la ciudadanía en estos casos.
Por otra parte, nos sumamos a la preocupación expresada por la Mesa Acción por el Aborto en Chile, en cuanto a las responsabilidades por la distribución de partidas del anticonceptivo Anulette CD, especialmente en centros de atención de salud pública, que contenían fallas que pueden afectar su efectividad. Es posible que haya mujeres que queden embarazadas, contra su voluntad, pese a haber tomado todas las medidas pertinentes para evitarlo, y que pese a ello debido a la restrictiva legislación chilena no podrán acceder a un aborto legal. Esto es un ejemplo más de por qué el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo debiera estar garantizado en Chile.
Finalmente, reiteramos nuestra preocupación en relación a la situación de trabajadoras y trabajadores de la salud. El Colegio Médico planteó, en el marco de la Mesa Social COVID-19, la necesidad de que trabajadoras/es del área de la salud tengan un descanso compensatorio por el periodo de alta carga de estrés laboral durante el peak de la pandemia en Chile. Esto es una de las medidas básicas de reparación que requiere el personal de la salud, que vio su salud física y mental gravemente afectada durante el periodo de más alto contagio del virus hace algunas semanas, situación que denunciamos en nuestro informe “Ya no podemos ser pacientes. Por tu derecho a la salud y de quienes nos cuidan”.