Ante la noticia de la liberación de Enes Hocaoğulları, defensor de los derechos humanos turco que estaba en prisión preventiva desde el 5 de agosto, fecha de su regreso a Turquía tras participar en una conferencia del Consejo de Europa en Estrasburgo, Ruhat Sena Akşener, directora de Amnistía Internacional Turquía, ha manifestado:
“Aunque la puesta en libertad de Enes Hocaoğulları es sin duda una buena noticia, nunca debió haber sido encarcelado. Ahora se deben retirar todos los cargos en su contra. Ninguna persona debe ser procesada por alzar la voz contra violaciones de derechos humanos, lo que está protegido por el derecho a la libertad de expresión.
Turquía tiene la obligación de proteger a las personas que defienden los derechos humanos frente a investigaciones, enjuiciamientos y detenciones de carácter arbitrario y abusivo. Recordamos a las autoridades turcas que, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, tienen la obligación de respetar y garantizar el derecho de todas las personas a la libertad de expresión.
Turquía debe anular todas las leyes que violan el derecho a la libertad de expresión —incluidas las que penalizan la desinformación— o reformarlas para garantizar que se ajustan a las obligaciones de Turquía con arreglo al derecho internacional. Asimismo, deben reformarse las leyes sobre incitación al odio social a fin de garantizar que sólo se utilizan para prohibir la apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.”
Información complementaria
El 8 de septiembre, el tribunal penal de primera instancia núm. 86 de Ankara puso en libertad a Enes Hocaoğulları, de 23 años, defensor de los derechos humanos y activista de los derechos LGBTI.
En febrero, Enes fue elegido para participar como delegado juvenil de Turquía en el 48 periodo de sesiones del Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa, en Estrasburgo. En un discurso pronunciado el 27 de marzo, mencionó la represión de las protestas multitudinarias ocurridas la semana anterior tras la detención arbitraria del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu.
En el auto de procesamiento, fechado el 8 de agosto de 2025, los comentarios de Hocaoğulları sobre que la policía había ejercido una “brutalidad desproporcionada” se presentaron como prueba de actividad delictiva basándose en que habían “causado reacciones y quejas en las redes sociales en las que los usuarios etiquetaban a la Dirección General de Seguridad y al Ministerio de Justicia’’.
Aunque ya no está detenido, Hocaoğulları continúa acusado de “incitar a la opinión pública al odio y la enemistad” y de “difundir públicamente información engañosa”. Si es declarado culpable de ambos cargos, se enfrentaría a entre dos y seis años de prisión sólo por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Estas disposiciones excesivamente amplias del Código Penal turco se utilizan con frecuencia para reprimir la libertad de expresión.
En agosto, Amnistía Internacional lanzó una acción urgente para pedir la libertad inmediata e incondicional de Enes Hocaoğulları.