La anulación de determinadas partes de la ley de orden público de Uganda, que otorgaba a la policía excesivas facultades para prohibir concentraciones y protestas públicas, es un rayo de esperanza para activistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y para la oposición política del país, que sufren una situación agobiante. El 26 de marzo, el Tribunal Constitucional de Uganda declaró ilegal e inconstitucional el Artículo 8 de la Ley de Gestión del Orden Público de 2013.“El poder legislativo de Uganda debe dar un paso más y derogar completa la Ley de Gestión del Orden Público, que es contraria en su totalidad a la Constitución, así como acabar con el hostigamiento y la intimidación persistente que sufren personas que sólo ejercen sus derechos con vistas a las elecciones de 2021.”
El artículo 8 de la Ley de Gestión del Orden Público otorga al jefe de la Policía amplios poderes para impedir o detener arbitrariamente concentraciones públicas organizadas por figuras políticas de la oposición y para reprimir manifestaciones.
La policía utilizó esta ley para prohibir y dispersar con brutalidad concentraciones organizadas por el político de la oposición Kizza Besigye antes de las elecciones de 2016, y más recientemente para bloquear mítines y conciertos organizados por el músico y parlamentario de la oposición Bobi Wine (cuyo nombre real es Robert Kyagulanyi).
El recurso que ha desembocado en este fallo del Tribunal Constitucional fue presentado en diciembre de 2013 por varios grupos de derechos humanos entre los que figuraba Human Rights Network Uganda, Development Network of Indigenous Voluntary Associations, Uganda Association of Women Lawyers y Chapter Four. La Ley de Gestión del Orden Público entró en vigor el 20 de noviembre de 2013.
El 6 de enero de 2020, la policía de Uganda detuvo al político de oposición Bobi Wine y disparó gas lacrimógeno contra sus simpatizantes en una concentración política organizada por él. El portavoz de la policía afirmó que la concentración había sido dispersada por no seguir las directrices establecidas en la Ley de Gestión del Orden Público.
Bobi Wine y otras cuatro personas han sido acusadas en aplicación de la Ley de Gestión del Orden Público por protestar contra el impuesto a las redes sociales y a los pagos a través de telefonía móvil en julio de 2018.
